Hay una escena que se repite en cada proceso electoral: candidatos que aparecen “arriba” en encuestas de dudosa procedencia, equipos de campaña que presumen ventajas imposibles de verificar y dirigentes partidistas que anuncian decisiones “respaldadas por estudios” sin mostrar con claridad cómo se llegó a ellas.

La encuesta, que debería ser un instrumento para conocer la opinión pública, termina convertida en herramienta de propaganda, mecanismo de presión interna o coartada para decisiones que ya estaban tomadas desde una mesa cupular.

El problema no es menor. Una encuesta electoral seria descansa en principios profesionales, estadísticos, sociológicos, políticos y éticos. No es una imagen para redes sociales, ni un gráfico bonito, ni una frase de campaña. Su valor está en ayudar a entender tendencias, percepciones, preferencias, rechazos, climas de opinión y posibles escenarios. Por eso, organismos internacionales como ESOMAR y WAPOR insisten en la responsabilidad profesional, la transparencia y la presentación no sesgada de los resultados cuando se publican encuestas de opinión.

Sin embargo, en demasiadas campañas la encuesta se usa para otra cosa: no para medir, sino para operar.

El primer uso perverso es propagandístico. Se difunden encuestas, reales o inventadas, con el objetivo de instalar la idea de que un candidato “ya va arriba”, “ya despegó” o “ya es inevitable”. La lógica es conocida: si un elector percibe que alguien está ganando, puede aumentar la atención sobre esa candidatura, fortalecer la moral de sus simpatizantes, atraer apoyos oportunistas, inhibir adversarios o generar la sensación de que sumarse a ese proyecto es subirse al tren correcto.

No se trata solo de comunicar una ventaja. Se trata de fabricar una atmósfera de triunfo.

Por eso no basta una encuesta. Se buscan muchas. Una cada semana, una por medio aliado, una por cuenta anónima, una por portal local, una por “consultora” que nadie conoce, una por influencer político, una por grupo de WhatsApp. La repetición busca producir familiaridad. Y la familiaridad, muchas veces, se confunde con verdad.

El elector común no siempre tiene elementos para distinguir entre una medición profesional y una pieza de propaganda disfrazada de medición. Ve porcentajes, colores, nombres de candidatos y una supuesta ventaja. En un entorno de saturación informativa, eso puede ser suficiente para sembrar percepción. No necesariamente para cambiar una convicción profunda, pero sí para influir en el clima de campaña, en la conversación pública y en la idea de quién tiene viabilidad.

El segundo uso perverso es interno: la encuesta como mecanismo para validar decisiones cupulares.

En teoría, seleccionar candidaturas mediante encuestas puede sonar democrático. Parece abrir la decisión a la ciudadanía, reducir la imposición partidista y ofrecer una especie de pre-test sobre la aceptación pública de los aspirantes. En principio, consultar a la población podría ser mejor que dejar la decisión exclusivamente en manos de dirigencias, grupos locales o acuerdos cerrados.

El problema es que los intereses cupulares no desaparecen por el simple hecho de invocar una encuesta. Pueden esconderse detrás de ella.

Una dirigencia puede decir que “decidió la gente”, cuando en realidad decidió la cúpula. Puede presentar una medición como si fuera un árbitro neutral, aunque el proceso haya sido diseñado para favorecer un desenlace. En los casos más burdos, el resultado se inventa. En los más sofisticados, se construyen condiciones aparentemente técnicas para que el resultado parezca incuestionable, aunque el terreno haya sido previamente inclinado.

Ahí la encuesta deja de ser instrumento de conocimiento y se convierte en escenografía de legitimidad.

El daño es doble. Por un lado, se afecta la competencia interna de los partidos. Aspirantes, militancias y grupos locales pueden quedar sometidos a resultados que no comprenden, no pueden auditar o no tienen forma real de cuestionar. Por otro lado, se engaña a la ciudadanía al presentar como decisión social lo que en realidad puede ser una decisión política previamente administrada.

Este punto es especialmente delicado porque las candidaturas no son solo nombres en una boleta. Son rutas de acceso al poder. Detrás de una candidatura pueden estar proyectos públicos, intereses económicos, grupos políticos, redes de influencia e incluso, en algunos territorios, presiones de actores ilegales o criminales. Por eso, manipular una encuesta interna no es una travesura menor: puede alterar la representación política y abrir la puerta a poderes que buscan legitimarse por medio de una supuesta medición ciudadana.

La responsabilidad, por supuesto, no recae únicamente en los partidos. También recae en las casas encuestadoras que se prestan a estas prácticas.

Una cosa es realizar investigación bajo presión política, con escenarios complejos y clientes interesados en resultados favorables. Otra muy distinta es renunciar a la independencia profesional para fabricar propaganda, maquillar decisiones o participar en simulaciones. Cuando una firma acepta convertirse en brazo narrativo de una campaña o en notaría de una imposición cupular, no solo daña su propia reputación. Daña a todo el gremio.

El INE ha señalado que la regulación de encuestas electorales en México tiene como principio central la transparencia y la máxima publicidad, precisamente para que la sociedad pueda valorar la calidad de los estudios y contribuir a una opinión pública mejor informada. También establece que quienes soliciten u ordenen publicar encuestas electorales durante los periodos regulados deben entregar copia del estudio completo a la autoridad correspondiente. La existencia de estas reglas confirma algo básico: publicar encuestas no es un acto inocuo. Tiene efectos públicos y exige responsabilidad.

Pero la norma no alcanza si no hay ética profesional.

Una encuesta mal usada puede confundir a los electores, presionar a militantes, intimidar adversarios, justificar imposiciones o construir una percepción artificial de inevitabilidad. Y cuando eso ocurre una y otra vez, el daño acumulado es más profundo: la gente deja de confiar en las encuestas. Empieza a verlas como propaganda, como trampa, como instrumento de manipulación. Y entonces se pierde algo valioso para la vida pública: una herramienta seria para conocer lo que la sociedad piensa, siente, teme, rechaza o espera.

La crítica, por tanto, no debe dirigirse contra las encuestas como instrumento. Al contrario: debe defenderlas.

Defender las encuestas implica exigir que no se usen como volantes de campaña. Implica cuestionar los resultados espectaculares sin respaldo claro. Implica desconfiar de mediciones que aparecen justo cuando alguien necesita presionar una candidatura. Implica entender que una gráfica no se vuelve verdadera por circular mucho. E implica recordar que la investigación de opinión pública no existe para complacer al poder, sino para observar a la sociedad con rigor.

Las cúpulas partidistas tienen derecho a tomar decisiones políticas. Lo que no deberían hacer es esconder esas decisiones detrás de una supuesta voluntad ciudadana fabricada o administrada. Las casas encuestadoras tienen derecho a trabajar para campañas y partidos. Lo que no deberían hacer es degradar un oficio profesional para convertirse en fabricantes de coartadas.

La democracia necesita partidos más transparentes. También necesita investigación más respetada. Cuando las encuestas se usan para informar, ayudan a entender la opinión pública. Cuando se usan para simular, ayudan a encubrir el poder.

Y ese es el verdadero problema: no que las encuestas influyan, sino que se les haga pasar por medición cuando en realidad están operando como propaganda.